El principal denunciante de Acuamed se desmarca de los otros dos acusadores sobre los pagos a Bassat

Sorprendente declaración del principal denunciante del llamado ‘caso Acuamed’ en la Audiencia Nacional. Francisco Valiente, alto cargo de la empresa pública de agua, ya jubilado, denunció en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción unos supuestos pactos entre la entonces cúpula de Acuamed y diversas empresas constructoras para pagar sobresueldos por las obras a cambio de regalos y entradas para el fútbol. Esa denuncia inicial fue firmada también por dos de sus subordinadas, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, que ahora están a su vez siendo investigadas en piezas separadas por favorecer con contratos a una constructora, Contratas Vilor.

Otra de las acusaciones contra Azahara Peralta, Gracia Ballesteros y Francisco Valiente -realizadas por la ex cúpula de la firma a la que estos tres directivos denunciaron en 2014- es que pagaron irregularmente casi 700.000 euros a Bassat & Ogilvy y al Instituto Cerdá camuflados como pagos de materiales en la obra de descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, obra que realizó FCC.

Los pagos están registrados y han sido admitidos en sede judicial por Peralta en su declaración. Las sospechas es que sirvieron para financiar ilegalmente al PSOE, como ha publicado este diario.

Pero lo que ha sorprendido es que, mientras Peralta declaró que los pagos a una empresa de comunicación y al Instituto Cerdá en materiales para la descontaminación del pantano -tablestacas- los hizo «con conocimiento de sus superiores», que en ese momento eran tanto Gracia Ballesteros como el propio Francisco Valiente, éste haya declarado el pasado viernes 16 de abril que «nunca fue informado» de esos pagos.

Abandona a sus subordinadas

En definitiva, el principal acusado ha ‘dejado tiradas’ a sus dos subordinadas y se ha desmarcado de unos pagos a dos empresas que nada tienen que ver con un proveedor de materiales para descontaminar un pantano. «Está claro que uno de los dos miente, y eso añade más incertidumbre sobre el verdadero destino de los 700.000 euros pagados como material para descontaminar el pantano», señalan fuentes jurídicas.

Las palabras de Valiente, que ha finalizado ya su declaración, siembran dudas sobre esas facturas pagadas por orden de Peralta, lo que augura una posible imputación de esta directiva -que sigue trabajando en la empresa pública-. Se sospecha que estas facturas sirvieron para financiar la campaña electoral del PSOE.

Esta declaración abre una grieta entre los tres denunciantes del caso, que lleva más de cinco años bajo investigación judicial en la Audiencia Nacional. Más de cinco años en los que se ha ido archivando la causa contra algunos directivos de constructoras, reduciendo las fianzas de los acusados y tratando por parte de la Fiscalía de justificar el perjuicio económico contra el erario público de este caso, de momento sin éxito.